Denuncian indefensión de víctimas ante violencia digital y falta de capacitación ministerial

Una menor de edad y su madre han denunciado ser víctimas de una severa campaña de violencia digital, consistente en la difusión no consentida de contenido sensible y acoso sistemático en redes sociales. De acuerdo con los testimonios recabados, el principal agresor es el padre de la menor, quien presuntamente ha coordinado a grupos de la llamada machósfera para amplificar el hostigamiento contra ambas mujeres. Esta situación ha derivado en una crisis de seguridad personal y psicológica para las afectadas, quienes han buscado el auxilio de las instancias de procuración de justicia en su entidad.

Al intentar formalizar las querellas correspondientes, las víctimas se encontraron con una respuesta omisa por parte del personal de las fiscalías locales. Según reportes del caso, los agentes del Ministerio Público han manifestado desconocimiento sobre los protocolos necesarios para integrar carpetas de investigación bajo los lineamientos de la Ley Olimpia. Esta normativa, diseñada específicamente para sancionar la violencia digital y proteger la intimidad sexual de las personas, parece no permear en la práctica cotidiana de las oficinas ministeriales donde se reciben las denuncias.

La defensa de las agraviadas señala que la omisión institucional se traduce en un estado de vulnerabilidad absoluta, permitiendo que la embestida digital continúe sin contrapesos legales. La falta de capacitación técnica en delitos cibernéticos impide que los funcionarios reconozcan la gravedad de las amenazas, dejando a las víctimas a expensas de un agresor que utiliza el anonimato y la organización en redes para evadir cualquier consecuencia penal. Esta problemática evidencia una brecha significativa entre el marco legal vigente en México y la capacidad operativa de las fiscalías estatales.

Ante este escenario, especialistas en derechos humanos y colectivos feministas han instado a las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las fiscalías locales a priorizar la profesionalización del personal en materia de violencia digital. La propuesta central es la creación de unidades especializadas que cuenten con herramientas tecnológicas y jurídicas para rastrear y sancionar a los perpetradores. Sin una intervención inmediata, el riesgo para las víctimas sigue incrementándose, subrayando la urgencia de aplicar la ley con una perspectiva de género efectiva y profesional.