Despojo inmobiliario afecta a casi la mitad de viviendas en CDMX
La falta de escrituración formal mantiene a 1.4 millones de hogares capitalinos en riesgo de invasiones y despojo, según datos actuales.
La crisis de certeza jurídica en la Ciudad de México alcanza niveles críticos, dejando al 49 por ciento de las viviendas de la capital en una situación de vulnerabilidad ante el despojo inmobiliario. De acuerdo con datos recientes, más de 1.4 millones de propiedades carecen de escrituras formales, lo que impide a los dueños acreditar legalmente su patrimonio ante posibles invasiones o litigios territoriales.
El rezago en la regularización de la propiedad privada es un fenómeno persistente en diversas alcaldías, donde solo el 51 por ciento de los propietarios cuenta con sus documentos en regla. La ausencia de este trámite legal no solo debilita la protección de los ciudadanos, sino que facilita las operaciones de grupos dedicados a la ocupación ilegal de predios y viviendas abandonadas o con estatus jurídico incierto.
Especialistas en derecho urbano señalan que la burocracia en las oficinas de catastro y el alto costo de los procesos notariales han desincentivado a miles de familias para concluir su proceso de escrituración. Esta brecha administrativa se traduce en una exposición constante a riesgos de pérdida patrimonial, especialmente en zonas de alta plusvalía y en áreas de desarrollo urbano informal que han crecido sin una planificación catastral adecuada.
Ante esta problemática, diversas autoridades capitalinas han planteado la necesidad de implementar campañas masivas de regularización y subsidios notariales dirigidos a sectores de bajos ingresos. La propuesta busca simplificar los trámites y reducir las cargas fiscales para que un mayor número de ciudadanos logre obtener el título de propiedad que garantice la seguridad jurídica de sus hogares en el mediano plazo.
Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa recibiendo denuncias recurrentes relacionadas con el despojo, un delito que a menudo se complica por la falta de documentos probatorios de los afectados. La recomendación de los expertos es que los poseedores de inmuebles acudan a las instancias correspondientes para verificar su situación registral antes de que se presenten conflictos que requieran la intervención de los tribunales civiles.
