Emiten nuevas órdenes de aprehensión por huachicol fiscal en seis estados
Las autoridades federales han girado nuevas órdenes de captura contra accionistas y socios implicados en el contrabando de combustibles, con pérdidas estimadas en 340 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República ha emitido una serie de nuevas órdenes de aprehensión contra diversos actores involucrados en el esquema conocido como huachicol fiscal, una modalidad de contrabando de hidrocarburos que afecta gravemente las finanzas públicas. Según las investigaciones en curso, los implicados incluyen a accionistas, apoderados legales, socios comerciales y enlaces operativos que habrían facilitado la evasión de impuestos mediante la declaración falsa de combustibles importados.
Las acciones judiciales se despliegan de manera coordinada en seis estados de la República, donde se presume que operaban las redes de distribución ilícita. De acuerdo con los cálculos preliminares de las autoridades hacendarias, las actividades irregulares vinculadas a esta red han generado un impacto económico al erario calculado en 340 millones de pesos, cifra que podría incrementarse conforme avancen las diligencias ministeriales en las distintas entidades federativas.
La estrategia para desarticular estas células delictivas cuenta con el apoyo logístico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el seguimiento técnico del Servicio de Administración Tributaria. Los expedientes señalan que el modus operandi consistía en la importación de combustibles bajo esquemas de comercialización que eludían el pago correspondiente del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, utilizando una estructura corporativa diseñada para ocultar el origen y el destino final de los productos.
El Ministerio Público Federal mantiene bajo resguardo diversas pruebas documentales y financieras que vinculan a los ahora buscados con el manejo de terminales de almacenamiento y puntos de venta irregulares. La dependencia ha reiterado que el combate al huachicol fiscal es una prioridad para la actual administración, con el fin de garantizar la equidad en el mercado energético y proteger los ingresos fiscales que se destinan a los programas de bienestar social en el país.
Se espera que, en los próximos días, las fuerzas de seguridad federales realicen operativos adicionales para cumplimentar los mandamientos judiciales pendientes. Mientras tanto, las autoridades han solicitado la colaboración de las fiscalías estatales para asegurar los bienes inmuebles y las cuentas bancarias relacionadas con las empresas fachada que presuntamente facilitaron el desvío de recursos durante los últimos meses.
