FGR atrae investigación por decomiso masivo de combustible en Guanajuato

La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó este domingo la atracción de la carpeta de investigación relacionada con un reciente decomiso de hidrocarburos en el estado de Guanajuato. El operativo, ejecutado originalmente por fuerzas federales en coordinación con autoridades estatales, resultó en la incautación de un volumen considerable de combustible almacenado en instalaciones industriales de la entidad. La intervención de la instancia federal responde a la presunta comisión de delitos en materia de hidrocarburos, competencia exclusiva de la federación bajo las leyes vigentes.

Los hechos se derivaron de una revisión de rutina en un complejo logístico, donde las autoridades detectaron irregularidades en la documentación que acreditaba la procedencia y el destino legal del producto. Tras el aseguramiento del inmueble y los tanques de almacenamiento, el caso fue turnado a la delegación estatal de la FGR, que ahora encabeza las diligencias periciales y de campo para determinar si existe una red de distribución ilícita o si el material cumple con los permisos de la Secretaría de Energía.

Por su parte, la empresa propietaria de las instalaciones emitió un posicionamiento donde sostiene que sus operaciones se encuentran apegadas a la normativa vigente. Representantes legales de la firma argumentaron que cuentan con las licencias necesarias expedidas por las dependencias correspondientes y han comenzado a presentar ante el Ministerio Público Federal la documentación que, según afirman, acredita la legalidad de la compra y el resguardo del combustible confiscado.

El despliegue de las fuerzas de seguridad en la zona se mantiene bajo vigilancia para prevenir cualquier alteración al orden público mientras concluyen las investigaciones iniciales. La FGR ha señalado que, conforme avance el proceso judicial, se determinará la situación jurídica de los encargados del sitio y se verificará si el combustible cuenta con los certificados de origen necesarios para ser comercializado en el mercado nacional.

Este caso se suma a los esfuerzos coordinados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para combatir el almacenamiento y trasiego ilegal de combustibles en el Bajío. Las autoridades federales reiteraron que el proceso se llevará a cabo con total apego al debido proceso, garantizando el derecho de audiencia de los involucrados mientras se esclarecen las posibles responsabilidades penales derivadas del aseguramiento.