Fiscalía de Michoacán requiere dispositivos móviles de Carlos Manzo para investigación

La Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene abierta la solicitud formal dirigida a Grecia Quiroz para que haga entrega de los dispositivos móviles que pertenecían a Carlos Manzo. Esta petición se fundamenta en la necesidad de las autoridades de integrar pruebas digitales al expediente del caso, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del homicidio y localizar a los responsables de los hechos.

Representantes de la institución ministerial han señalado que la entrega de dichos equipos resulta indispensable para avanzar en las líneas de investigación en curso. Según la postura de la Fiscalía, la colaboración de los familiares es un paso necesario dentro de los protocolos legales para garantizar el acceso a información que podría resultar determinante para el avance de las diligencias judiciales en la entidad.

Por su parte, la defensa de la familia ha mantenido una postura cautelosa respecto a la entrega de los aparatos, argumentando la necesidad de proteger la privacidad y garantizar que el manejo de la información se realice bajo estrictas medidas de cadena de custodia. Este punto ha generado una serie de conversaciones entre la representación legal de los afectados y los agentes del Ministerio Público encargados del caso.

Las autoridades michoacanas han reiterado que la obtención de esta evidencia se encuentra amparada por las facultades de la ley, buscando evitar cualquier retraso en la integración de la carpeta de investigación. Mientras tanto, la Fiscalía continúa realizando diversas labores de campo y peritajes en la zona donde se registraron los hechos, buscando consolidar los datos recabados hasta el momento.

Se espera que en los próximos días se lleve a cabo una nueva sesión informativa entre los abogados de Grecia Quiroz y los fiscales responsables para definir el protocolo bajo el cual se realizará, en su caso, la entrega de los dispositivos. El proceso sigue bajo la supervisión de las autoridades competentes para asegurar que la recolección de pruebas cumpla con los estándares legales exigidos por el Poder Judicial del estado.