Gobierno federal proyecta seis nuevos penales para reducir el hacinamiento carcelario
La administración federal planea construir seis centros penitenciarios adicionales y agilizar procesos de liberación para personas procesadas por delitos menores.
El Gobierno de México anunció esta semana un plan estratégico destinado a reducir la sobrepoblación en el sistema penitenciario nacional, mediante la construcción de seis nuevos centros de readaptación social. Esta iniciativa, encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), busca mejorar las condiciones de estancia en los centros actuales y fortalecer la infraestructura del sistema de justicia penal en diversas regiones del país.
Además de la expansión física, las autoridades federales han propuesto un esquema integral para despresurizar las cárceles enfocado en la liberación de personas que cumplen con criterios específicos. La estrategia contempla priorizar a quienes enfrentan procesos por delitos menores, como robos de bajo impacto, así como a internos que han permanecido en prisión preventiva por periodos prolongados sin haber recibido una sentencia formal por parte de los tribunales.
La propuesta surge en respuesta a las constantes observaciones sobre la saturación en los centros de reclusión, un fenómeno que ha sido señalado por diversas organizaciones de derechos humanos como un obstáculo para la reinserción social efectiva. El equipo de la SSPC subrayó que el proyecto se coordinará estrechamente con el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República para asegurar que cada caso de liberación cumpla estrictamente con la normativa vigente y no represente un riesgo para la seguridad pública.
El plan contempla la asignación de recursos presupuestarios necesarios para llevar a cabo la edificación de estas instalaciones, las cuales deberán cumplir con estándares internacionales de seguridad y habitabilidad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra evaluando la viabilidad financiera para integrar este proyecto en el próximo ejercicio fiscal, garantizando que el diseño de los penales fomente espacios adecuados para las actividades de capacitación laboral y educativa de los internos.
Finalmente, el Gobierno federal busca que este conjunto de acciones permita una gestión más eficiente del sistema penitenciario, garantizando el respeto a los derechos humanos y fortaleciendo el estado de derecho. La implementación de estos cambios dependerá de las mesas de trabajo instaladas entre las autoridades de seguridad y los órganos jurisdiccionales, con el objetivo de presentar resultados tangibles en los próximos meses.
