Juez federal declara inconstitucional la reforma al Poder Judicial de 2024

Un juez de distrito dictó este martes una sentencia que declara la inconstitucionalidad de la reforma constitucional al Poder Judicial aprobada en 2024. El fallo judicial sostiene que el proceso legislativo que dio origen a la reforma presentó irregularidades graves y subraya que la propuesta de designar jueces y magistrados mediante elección popular excede los límites constitucionales establecidos para la autonomía del Poder Judicial de la Federación.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) celebró la resolución, calificándola como un fallo histórico para la división de poderes en México. Representantes de la asociación señalaron que la sentencia refuerza los argumentos de diversos sectores jurídicos sobre la necesidad de proteger la independencia judicial y los estándares internacionales de carrera judicial, los cuales consideran vulnerados por el nuevo esquema electoral para cargos jurisdiccionales.

En su argumentación, el juez de distrito enfatizó que la soberanía popular no puede ser utilizada para suprimir las garantías de imparcialidad que protegen los derechos humanos de los ciudadanos. La sentencia analiza la estructura de pesos y contrapesos, advirtiendo que la politización de los nombramientos judiciales podría comprometer la función de los tribunales como garantes de la legalidad frente a los otros poderes del Estado.

Este pronunciamiento judicial ha generado una intensa actividad en los círculos políticos del Congreso de la Unión, donde las bancadas debaten sobre la competencia de los jueces para revisar reformas constitucionales. Mientras tanto, fuentes del Poder Judicial indican que el caso llegará inevitablemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que deberá definir la validez definitiva de la reforma ante las múltiples impugnaciones presentadas en los últimos meses.

La resolución se mantiene como un referente en el debate público nacional sobre la organización de la justicia. Expertos constitucionalistas señalan que la decisión marca un precedente significativo en la historia reciente del país, al colocar al Poder Judicial en una posición de autodefensa frente a las modificaciones estructurales impulsadas por el Legislativo.