Nómina absorbe más de la mitad del presupuesto solicitado por el INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha definido su anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2027, solicitando formalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una partida de 14 mil 36 millones de pesos. De este monto total, el órgano electoral ha previsto que poco más del 50 por ciento se destine exclusivamente al pago de la nómina de su personal, consolidándose como el rubro más oneroso de su estructura financiera para el próximo año.

Esta proyección presupuestaria responde a la necesidad de cubrir los salarios y prestaciones de los trabajadores que integran la estructura administrativa y operativa del instituto a nivel central y en las juntas locales. Según los documentos internos del INE, el gasto corriente en capital humano es indispensable para garantizar la continuidad de las tareas institucionales permanentes, más allá de la organización de procesos electorales extraordinarios o consultas ciudadanas que pudieran surgir durante el calendario próximo.

El requerimiento presentado ante las autoridades hacendarias marca el inicio de un proceso de negociación política y técnica en la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán analizar la viabilidad de estas cifras. La discusión se centra en el equilibrio necesario entre la autonomía presupuestaria del organismo autónomo y la política de austeridad republicana que rige el gasto público federal en la presente administración.

Cabe señalar que, además de la nómina, el presupuesto solicitado contempla la operatividad de los servicios generales, el mantenimiento de la infraestructura tecnológica y la actualización del padrón electoral. El INE argumenta que la eficiencia administrativa es una prioridad, buscando que el costo de su estructura sea proporcional a las funciones constitucionales que desempeña para fortalecer la democracia en el país.

Será en los próximos meses cuando la Secretaría de Hacienda integre esta petición dentro del Paquete Económico que se enviará al Congreso de la Unión. Los representantes del instituto han señalado que mantendrán mesas de trabajo para justificar cada partida, subrayando que la carga salarial es un reflejo de las responsabilidades técnicas especializadas que demanda el sistema electoral mexicano actual.