ONU advierte rezagos en la aplicación de la ley contra desapariciones en México
El representante de la ONU-DH en México, Alan García, urgió a fortalecer las instituciones especializadas para atender la crisis de desapariciones en el país.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió este viernes sobre la persistente falta de aplicación efectiva de la ley en materia de desaparición forzada. Alan García, representante del organismo en el país, subrayó que el Estado mexicano enfrenta desafíos críticos que requieren una reestructuración profunda de las capacidades institucionales actuales para garantizar la búsqueda y localización de personas.
Durante su intervención, García enfatizó que la atención a este fenómeno no puede limitarse a medidas administrativas, sino que exige la consolidación de instituciones altamente especializadas. El representante señaló que el personal encargado de las labores de búsqueda e investigación debe contar con mayor capacitación técnica y recursos suficientes para operar en un entorno complejo, donde la coordinación entre los distintos niveles de gobierno sigue siendo una tarea pendiente.
El organismo internacional planteó que la efectividad de las leyes vigentes depende directamente del fortalecimiento de las fiscalías y los mecanismos forenses en las entidades federativas. Según la postura expuesta por la ONU-DH, la falta de una respuesta unificada ha generado que la localización de personas y la judicialización de los responsables sigan siendo procesos lentos que afectan la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
Como parte de las propuestas, el representante sugirió que la colaboración entre la Secretaría de Gobernación y las comisiones locales de búsqueda debe ser reforzada mediante protocolos estandarizados de actuación. El objetivo es que las autoridades locales puedan responder de manera inmediata a las denuncias, evitando la revictimización de los familiares y asegurando que las investigaciones tengan un enfoque integral y profesional.
Finalmente, la ONU-DH reiteró su disposición para acompañar los esfuerzos del Estado mexicano en la implementación de mejores prácticas internacionales. El llamado se centra en la necesidad de garantizar que la política de búsqueda de personas sea una prioridad presupuestaria y operativa, permitiendo que las dependencias encargadas de la seguridad y procuración de justicia cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar la magnitud de la crisis actual.
