Paola Mandri Figueroa y la investigación por fraude en rentas vacacionales
Paola Mandri Figueroa, socia de la firma Nomad, enfrenta señalamientos legales junto a su esposo, Diego Sebastián Rosen, por presuntas irregularidades en la gestión de propiedades turísticas.

Paola Mandri Figueroa, socia de la empresa Nomad, ha sido señalada en diversos procesos legales vinculados a presuntos fraudes inmobiliarios relacionados con la renta de casas vacacionales en México. La investigación apunta a irregularidades operativas en la administración de propiedades turísticas, un sector que ha cobrado relevancia en la agenda de supervisión de las autoridades competentes en los últimos meses.
El caso involucra directamente a Diego Sebastián Rosen, esposo de Mandri Figueroa, con quien comparte la gestión de las actividades comerciales de Nomad. Diversos afectados han interpuesto denuncias ante las instancias correspondientes, argumentando que las operaciones de la firma no cumplieron con los acuerdos contractuales pactados para el arrendamiento de inmuebles de descanso, derivando en pérdidas patrimoniales significativas para los usuarios.
Las autoridades mexicanas han comenzado a recabar testimonios y pruebas documentales para determinar si existen elementos constitutivos de delito en la gestión de estos activos. El proceso se centra en revisar los contratos de servicios, los depósitos realizados por los clientes y la transparencia en la administración de los inmuebles vacacionales que formaban parte del catálogo de la plataforma.
Por su parte, los representantes legales de la empresa han mantenido una postura de reserva ante los cuestionamientos públicos. Se espera que en los próximos días las instancias judiciales del fuero común avancen en la integración de las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades tanto de los socios de Nomad como de las personas físicas involucradas en la operación diaria de los inmuebles.
El seguimiento a este caso se enmarca en un contexto donde el sector de las plataformas digitales de alojamiento está bajo mayor escrutinio por parte de los organismos de defensa al consumidor. Las autoridades continúan exhortando a la ciudadanía a verificar la legalidad de los prestadores de servicios antes de realizar transacciones comerciales de alto valor.


