Rosa Icela Rodríguez destaca atención a más de ocho mil grupos sociales

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó este viernes que el gobierno federal logró establecer mecanismos de atención prioritaria para ocho mil 38 grupos sociales en el país. A través de una estrategia basada en el diálogo directo, la dependencia coordinó esfuerzos para responder a las peticiones de colectivos de buscadoras, familias desplazadas, productores agrícolas, pueblos indígenas y estudiantes de diversas regiones del territorio nacional.

Durante el informe presentado esta mañana, la funcionaria detalló que el objetivo central de esta política pública ha sido la resolución pacífica de conflictos y la canalización eficiente de las necesidades ciudadanas hacia las instituciones correspondientes. La SEGOB ha fungido como eje articulador para que las demandas sociales encuentren cauce institucional, evitando la escalada de tensiones y priorizando el bienestar de los sectores históricamente vulnerables.

Entre los grupos beneficiados destacan las familias de personas desaparecidas, quienes han solicitado el acompañamiento constante de las autoridades federales para las labores de búsqueda. Asimismo, se han formalizado mesas de trabajo para los productores del campo y organizaciones estudiantiles que buscaban soluciones a problemáticas educativas pendientes en sus respectivas entidades federativas.

Rodríguez enfatizó que la política de puertas abiertas continuará siendo el sello distintivo de su gestión al frente de la Secretaría de Gobernación. La funcionaria subrayó que el compromiso es mantener la interlocución permanente, asegurando que cada demanda sea atendida bajo criterios de transparencia y respeto a los derechos humanos, fortaleciendo así la gobernabilidad democrática en México.

Finalmente, el equipo de la SEGOB indicó que se proponen fortalecer los mecanismos de seguimiento para garantizar que los acuerdos alcanzados con estos grupos se traduzcan en acciones tangibles. La dependencia mantendrá una presencia activa en los estados para supervisar que la atención a la ciudadanía se mantenga como una prioridad durante el resto de la administración.