Sheinbaum exige claridad sobre la captura de Ismael Zambada en territorio nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la necesidad de transparentar los detalles de la detención de Ismael Zambada, defendiendo la soberanía nacional ante las posturas diplomáticas.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reafirmó este viernes su postura respecto a la captura de Ismael Zambada García, señalando que es imperativo que las autoridades estadounidenses ofrezcan una explicación detallada sobre el operativo realizado en territorio mexicano. La mandataria enfatizó que, independientemente de la relevancia del detenido para la justicia internacional, los procedimientos deben respetar estrictamente los protocolos de soberanía nacional y la coordinación bilateral establecida entre ambas naciones.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum respondió a los comentarios vertidos recientemente por el exembajador Ken Salazar, quien sugirió dejar atrás la controversia derivada de la forma en que se efectuó la detención en el norte del país. La titular del Ejecutivo federal subrayó que la relación con Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo, argumentando que el silencio o la omisión sobre cómo se ejecutó esta operación no abona a la transparencia necesaria para mantener la confianza entre los gobiernos.
El posicionamiento de la presidencia insiste en que la Fiscalía General de la República (FGR) debe contar con información precisa sobre las circunstancias que rodearon el traslado del presunto líder criminal hacia el extranjero. Según lo expuesto por el Gobierno Federal, existen canales diplomáticos formales que deben ser respetados para evitar acciones unilaterales que vulneren la autonomía de las instituciones mexicanas de seguridad y justicia.
Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, la defensa de la soberanía no es un tema negociable ni sujeto a intereses de política exterior ajenos a las leyes mexicanas. La presidenta Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá la exigencia de transparencia como una prioridad, buscando esclarecer si existió participación de autoridades locales o si se violaron los acuerdos de cooperación en materia de seguridad que rigen la frontera entre México y Estados Unidos.
Finalmente, el Gobierno de México ha señalado que continuará trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener una respuesta formal y completa que satisfaga las dudas sobre la legalidad del procedimiento. La postura oficial mantiene la línea de exigir claridad, argumentando que solo mediante la verdad sobre estos hechos se podrá fortalecer la relación estratégica con Washington sin comprometer la dignidad del Estado mexicano.


