Sheinbaum firma reforma para restringir nacionalidad en cargos de alto nivel
La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó la reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana exclusiva para ocupar la Presidencia y gubernaturas a partir de 2028.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó este miércoles 7 de octubre la reforma constitucional que establece como requisito indispensable poseer la nacionalidad mexicana de manera exclusiva para quienes aspiren a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y a las gubernaturas de los estados. El decreto, que será publicado este mismo día en el Diario Oficial de la Federación, formaliza un cambio en la normativa constitucional que entrará en vigor a partir del año 2028.
La medida busca garantizar que los perfiles que alcancen los cargos de mayor responsabilidad en la administración pública federal y estatal mantengan un vínculo jurídico único con el país. Según lo establecido en el documento oficial, la disposición pretende evitar posibles conflictos de interés derivados de lealtades a otras jurisdicciones, asegurando que la gestión gubernamental esté a cargo de personas cuya única lealtad nacional sea la mexicana.
Este ajuste normativo fue aprobado previamente por el Congreso de la Unión tras un proceso de discusión legislativa en ambas cámaras. La reforma establece un periodo de transición que permite a los actores políticos y a las instituciones electorales, como el Instituto Nacional Electoral, adaptar sus procesos y lineamientos internos antes de que la restricción sea plenamente exigible durante los comicios posteriores a la fecha marcada en el decreto.
El equipo de comunicación de la Presidencia indicó que la firma representa un paso en la consolidación de la soberanía en la toma de decisiones estratégicas del Estado mexicano. Con esta publicación en el Diario Oficial de la Federación, se cumple el procedimiento constitucional necesario para que las modificaciones al texto fundamental tengan validez jurídica plena en todo el territorio nacional.
La entrada en vigor escalonada para 2028 busca evitar afectaciones a procesos electorales inmediatos y brindar certeza jurídica a los aspirantes a cargos de elección popular. Con este marco, las autoridades electorales deberán verificar el cumplimiento de este requisito de exclusividad en el registro de candidaturas para las elecciones estatales y federales que se celebren a partir del año señalado.


