UIF detecta red de lavado de 528 millones ligada a García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha revelado la existencia de una compleja red de operaciones financieras ilícitas que facilitó el desvío y lavado de dinero por un monto de 528 millones de pesos. Este esquema, según la dependencia, está directamente relacionado con las actividades de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y sus vínculos con la familia Weinberg durante el ejercicio de sus funciones públicas.

De acuerdo con los informes presentados por las autoridades hacendarias, el mecanismo operaba mediante la triangulación de recursos a través de diversas empresas fachada y cuentas bancarias en el extranjero. Estos movimientos fueron detectados tras una auditoría exhaustiva sobre los flujos financieros que, presuntamente, fueron utilizados para ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes de contratos gubernamentales obtenidos de manera irregular.

La investigación detalla que la red no solo facilitaba la dispersión de los recursos, sino que también permitía la transferencia de activos hacia cuentas vinculadas a los implicados en distintos puntos geográficos. La UIF ha señalado que esta estructura de lavado de dinero fue diseñada para evadir la vigilancia de los sistemas de fiscalización nacionales, aprovechando estructuras corporativas que carecían de actividad comercial real pero que recibían pagos por servicios inexistentes.

La Fiscalía General de la República ha sido notificada sobre los hallazgos para que se integren a las carpetas de investigación correspondientes. Mientras tanto, las autoridades financieras mantienen el bloqueo de cuentas relacionadas con las empresas identificadas en este entramado, buscando asegurar la recuperación de los recursos que fueron desviados del erario público federal durante años anteriores.

Este caso representa uno de los puntos centrales en el seguimiento de las irregularidades financieras detectadas por la administración federal actual respecto a los contratos firmados en el sector seguridad. La dependencia enfatizó que las indagatorias continúan para determinar la participación de otros actores involucrados en la cadena de mando y en la ejecución de las transferencias financieras detectadas.